Gobierno ilusiona a empleados de Bancrédito y ahora duda si cumplirá


Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia. (Archivo CRH).

Después de “ilusionar” a los empleados de Bancrédito, el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís ahora duda sobre la conveniencia de otorgarles bonificaciones por ¢3.000 millones, tal y como había prometido.

Así lo dio a conocer ayer el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno. Esto a pesar de que fue la Casa Presidencial el ente que giró la orden de convocar el proyecto en sesiones extraordinarias.

Se trata del proyecto 20.525 “Ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago”, aprobado ya en primer debate.

Ahora, el Ejecutivo podría a recurrir al veto presidencial u otro mecanismo, para frenar la aprobación de este programa de bonificaciones en segundo debate legislativo.

Este programa de bonificaciones beneficiaría a unas 700 personas, de las cuales solo una tercera parte sigue trabajando para Bancrédito, pues el resto ya fue cesado. El monto a erogar equivale a un 8% del patrimonio actual, unos ¢37.000 millones.

“En principio entendemos que es contra el patrimonio del banco (de dónde saldrá en el dinero), pero no todos los actores están pensando lo mismo. Haremos los procesos de consulta necesarios”, dijo ayer Alfaro.

Fue el propio Poder Ejecutivo el que convocó el proyecto en las sesiones extraordinarias; sin embargo, ahora en Casa Presidencial consideran que el proceso que se dio no fue el normal para este tipo de proyectos.

El pasado 16 de febrero, Marco Hernández, interventor de Bancrédito, hizo la advertencia de que el proyecto sería “ruinoso” para el banco, cuando compareció ante los legisladores de la comisión especial que investiga créditos cuestionados otorgados por la banca pública.

“Lo que se dice ahí, como una posibilidad que se les dé algún tipo de indemnización a los empleados… Creo que sería bastante ruinoso para el banco porque ahí sí implicaría un monto muy importante que afectaría el patrimonio del banco”, dijo en esa ocasión al contestar una pregunta del legislador Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Para Julio Baltodano, quien es representante de los empleados del Banco hasta mayo próximo, la posición del Gobierno es una tomadura de pelo.

“El proyecto es viable si hubiera voluntad política; no por casualidad la mayoría de diputados lo votó a favor. Cuando es algo para mitigar el daño moral y social que se le ha hecho a los empleados del Bancrédito, el Gobierno tiene dudas. (…) Es un Gobierno con incapacidad. Si el banco se hubiera administrado por una mejor junta directiva, no hubieran dejado estas consecuencias”, aseveró Baltodano.

Congreso lo envía a consulta

El martes, con 43 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron enviar el proyecto en cuestión a consulta ante el Banco Central y los otros bancos comerciales del estado (Banco Nacional y Banco de Costa Rica).


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