Asamblea Nacional, dividida por reducción salarial en planilla estatal


El proyecto de ley 356, que establece descuentos salariales y gasto de representación para altos funcionarios del Ejecutivo tiene divididos a los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

Los choques de opinión se dan dentro de las bancadas oficialistas del Partido Revolucionario Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Por un lado, hay diputados que señalan que la propuesta es inconstitucional y, por otro, están los que opinan que es viable. Por ejemplo, el diputado perredista Leandro Ávila dice que si es constitucional o no, es algo que debe decidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Considera que es insostenible que la Asamblea discuta el tema y no se incluya. Mientras que la diputada del Molirena Corina Cano planteó que una propuesta de este tipo reñiría con los artículos 163 y 190 de la Constitución.

En tanto, dirigentes de la sociedad civil piden la inclusión de los diputados y magistrados de la CSJ en dicha propuesta, ya que el sacrificio no solo debe recaer en trabajadores y empresarios.

Propuesta sobre recorte salarial divide a diputados

Los diputados de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional tienen opiniones encontradas sobre el proyecto de ley 356 que establece recorte salarial y de gastos de representación para altos funcionarios.

Por un lado están los que alegan que la propuesta que impulsa el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, tiene visos de inconstitucionalidad y, por otro lado, los que opinan que la iniciativa es viable para reducir el gasto público.

Corina Cano, diputada del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, dijo que la propuesta podría ser inconstitucional. Citó el artículo 163 de la Constitución que establece en el numeral uno que le ‘es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución”. Igual, echa mano del 190 que plantea que “los emolumentos que la Ley asigne al Presidente y al Vicepresidente de la República podrán ser modificados, pero el cambio entrará a regir en el período presidencial siguiente”.

En base a estos artículos Ricardo Torres, jefe de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático, también cree que la iniciativa de su copartidario Cortizo no es viable.

Muchos diputados oficialistas tienen su cuota de nombramientos en el Estado, que tiene una planilla que supera los 233 mil funcionarios. De hecho, este fin de semana, Cortizo hizo alusión a ello. Al señalar que hay funcionarios “que están cogiéndola suave” prometió que los destituiría, independientemente si el que lo recomendó para el puesto es un diputado o, incluso, su vicepresidente.

El mes pasado el procurador de la Administración, Rigoberto González aseguró que el recorte salarial, gasto de representación y otros emolumentos de los funcionarios son viables, siempre que se haga mediante ley. Ello luego de que el Ejecutivo le consultara frente a la intención de hacer un descuento de un 20% a los servidores públicos que ganaban más de mil dólares al mes.

Se hizo en el contexto de que es el propio Ejecutivo el que ha ordenado el cierre de cientos de empresas, lo que ha afectado a miles de trabajadores.

El diputado del Molirena, Miguel Fanovich dice que el proyecto sí es “viable” y “realista”, debido a la situación económica que atraviesa el país”. Su copartidario Francisco Pancho Alemán también avala la propuesta, que espera segundo debate.

Edison Broce, jefe de la bancada independiente indicó que están analizando el proyecto. Desde la bancada del Partido Panameñista y de Cambio Democrático no respondieron.

Otros funcionarios

Dirigentes de la sociedad civil organizada y en la propia Asamblea proponen que se incluya en la propuesta 356 a los propios diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá.

“Para mí es insostenible que hagamos una ley de descuento y los diputados no nos incluyamos”, dijo el diputado perredista Leandro Ávila. Su colega Miguel Fanovich indicó que “hasta el administrador de la Autoridad del Canal debería aportar en esta crisis sanitaria y económica, así como diputados, alcaldes y representantes de corregimientos’. Para el abogado Rubén Elías Rodríguez incluir a diputados y magistrados de la Corte sería lo más justo.



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