CCSS proyecta golpe de ₡639 mil millones para este año


  • Se han atrasado más de 675 mil consultas médicas debido que el COVID-19 es prioridad

Un empleado de la CCSS entrega medicamentos a poblaciones vulnerables por COVID-19. Foto Ezequiel BECERRA / AFP

(CRHoy.com). Los elevados gastos para atender la pandemia, la baja en ingresos por el alto desempleo y la larga fila de citas y procedimientos que se han tenido que suspender debido al COVID-19 en el país se han unido en un riesgoso frente común contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que ya estima un duro impacto económico para este año.

Una proyección realizada por el Área Financiera de la entidad, y presentada la semana anterior por su gerente Luis Diego Calderón, reveló que para finales de este 2020, la entidad estima un impacto en sus finanzas por ₡639.772 millones.

La cifra surge luego de cuantificar lo que le ha costado a la entidad atender la actual pandemia y lo que ha dejado de percibir por concepto de cotizaciones obrero patronales.

Solo entre abril y junio eso significó ₡159.468 millones menos. La proyección es que se llegue a diciembre con  esos ₡639.772 millones.

La situación se podría agravar y extender incluso hasta el otro año, pues existe un desfase de algunas semanas desde el momento en que cierra el mes hasta que la entidad percibe los recursos correspondientes al seguro de los trabajadores.

Adicionalmente, si el empleo no se ha recuperado para fin de año, la entidad arrancaría enero arrastrando la compleja situación, según confesó Calderón.

La pandemia ha generado que la entidad deba atender costos no previstos a inicio de año, como por ejemplo las asociadas a las incapacidades por COVID-19.

Aquí, el principal gasto han sido las incapacidades por órdenes sanitarias emitidas por la autoridades de Salud.

El segundo pago en importancia por casos sospechosos y finalmente por positivos con el virus.

Aunado a estos gastos, la entidad también viene arrastrando una larga lista de consultas y procedimientos médicos que ha tenido que dejar de hacer por atender y dar prioridad al COVID-19.

Según la entidad se han dejado de atender más de 675 mil consultas médicas, se han dejado de realizar más de 17 mil procedimientos ambulatorios y se han afectado más de 22 mil hospitalizaciones por cirugías.

Además de engrosar las listas de espera y dejar a muchos pacientes sin atención, esto representa un costo económico asociado, estimado por la entidad en ₡64.917 millones, repartidos de la siguiente forma:

 

Debido al problema que enfrenta la entidad, a lo interno cruzan los dedos para que al menos el Poder Ejecutivo pueda cumplir con sus pagos normales, incluyendo las cuotas obreras que les corresponden.

Si esto ocurre – según Calderón- el déficit estimado se alivianaría, pues la proyección parte ya del hecho de que estos pagos se suspenderán debido a la pandemia.

El problema es que el propio gobierno es uno de los principales morosos de la seguridad social del país.

Según cifras a mayo pasado, la deuda total del Estado con la CCSS asciende a $1,88 billones, casi tres veces más que el faltante estimado para este 2020.

De acuerdo con Calderón se han venido presentando reuniones con el Ejecutivo para ver la forma de llegar a arreglos de pago. Además, existen algunos procesos que se judicializaron y sobre los cuales ya han sentencias en firme que el Estado debe honrar.

El problema financiero de la entidad también se discute a nivel político en un comisión especial de la Asamblea Legislativa. Fue allí donde Calderón presentó la difícil situación financiera de la entidad la semana anterior.

Los diputados pretenden ver de dónde se pueden obtener recursos frescos para la entidad, ante lo cual, la idea de un impuesto no se ha descartado. En la CCSS creen que esta opción es viable, siempre que se analice su impacto final, pues los montos requeridos son muy elevados.

De momento la entidad ha venido manejando sus inversiones en el muy corto plazo para poder tener liquidez que le permita atender la pandemia, y dependiendo de los presupuestos extraordinarios que el gobierno envía al Congreso, para financiar parte de sus gastos.

 



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