Choque de poderes: Cortizo pide a la Corte que declare inconstitucional una norma aprobada por la Asamblea Nacional


El presidente Laurentino Cortizo recurrió a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se declare inexequible (inconstitucional) el artículo 2 del proyecto de ley 312 de 2020 aprobado en tercer debate [por segunda ocasión] en la Asamblea Nacional el pasado 23 de septiembre.

La iniciativa en mención le permite a un grupo de funcionarios acogerse al teletrabajo, a la modalidad de trabajo parcial o completa, a la ausencia justificada con permiso retribuido, entre otros, mientras dure la pandemia por la Covid-19.

Entre los servidores públicos que de acuerdo a la propuesta del Legislativo pueden hacer uso de estos beneficios figuran los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, o con enfermedades crónicas.

El proyecto presentado por el diputado independiente Edison Broce, y el Everardo Concepción, del Partido Panameñista; ha dado una serie de giros tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. En principio, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea el pasado 30 de abril. Pero Cortizo lo objetó parcialmente por considerar que violaba los artículos 19, 163, 299, 300, y 302, de la Constitución.

En una carta del pasado 15 de junio, Cortizo le dijo a su copartidario Marcos Castillero, presidente de la Asamblea, que ese proyecto, era “inconveniente e inexequible”. Entre las consideraciones que argumentó el mandatario figura el hecho de que el artículo 2 era de obligatorio cumplimiento.

“También es inconveniente porque impone al Estado la obligación de aplicar la modalidad de trabajo a disponibilidad, que no se encuentra regulada por Ley y cuya habilitación se produce, de manera excepcional, como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional declarada a raíz del brote de la enfermedad COVID-19 y la promulgación del Decreto Ejecutivo No.78 de 17 de marzo de 2020, de lo que se tiene que más allá de la definición establecida en este Decreto no existe la determinación sobre las condiciones en las que debe operar esta modalidad de trabajo”, añadió el gobernante.

El mandatario también recordó que ya se han adoptado regulaciones consecuentes con la realidad de los funcionarios, como el Decreto Ejecutivo 378 que establece medidas para evitar el contagio de la Covid-19.

En ese momento, el gobernante también objetó el artículo 3 del proyecto, que prohibía a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar a los trabajadores que tengan enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, entre otras.

Después de discutir los cuestionamientos que le hizo el Presidente de la República a la propuesta legislativa, este documento fue aprobado nuevamente en tercer debate el pasado 23 de septiembre. Se retiró el artículo 3, pero, se mantuvo el artículo 2 con un cambio: la frase “medidas obligatorias” fue sustituida por “podrán”.

La última palabra en este conflicto, ahora la tiene la Corte. La magistrada Ángela Russo deberá decidir si acoge o no la objeción de Cortizo.

Vea aquí el proyecto.



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