Contraloría pide reformas para sortear el desastre fiscal


  • Institución pide una discusión sobre empleo público, tamaño del estado e incentivos fiscales, entre otros problemas estructurales
  • Contraloría urge actuar en esa ruta ante profundización del déficit, que estimó en 11,2% del PIB para este año

(CRHoy.com).- La contralora general de la República, Marta Acosta, sugirió a los diputados abocarse a sacar adelante varias reformas profundas al Estado para que el país logre capear un desastre fiscal este año, producto de la caída en los ingresos del Gobierno Central por el nocaut que sufre la economía desde hace 18 meses y que la pandemia del COVID-19 vino a empeorar.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Acosta pintó un panorama funesto para las finanzas públicas al analizar el segundo presupuesto extraordinario de la República para el 2020, en el que el Gobierno recortó ¢195.517 millones producto de la crisis económica que vive el país.

Acosta afirmó a los legisladores que lograr reducir los gastos del Gobierno no es un tema que se limite a al ejercicio presupuestario, sino que va mucho más allá e implica esfuerzos mucho mayores para resolver problemas estructurales.

“Hay que revisar más allá, digamos, de los gastos de las partidas. Hay que revisar exoneraciones; hay que revisar evasión y elusión. Hay que ir todos a comprar en el Sicop (Sistema de Compras Públicas) para ahorrar. Hay que poner en Caja Única, lo que tiene que estar en Caja Única para ahorrar; tenemos que revisar el diseño del Estado. Hay muchas cosas que tenemos que hacer más allá de esto (recorte al gasto para el 2020) (…). Recuerden que siempre se dijo que la reforma fiscal era un buen paso, pero que no era suficiente, mientras no hiciéramos los cambios estructurales“, afirmó la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR).

Las palabras de Acosta respaldan lo que ocurrió con el déficit fiscal al finalizar el 2019, pues, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o plan fiscal, el déficit del Gobierno Central rozó el 7% del producto interno bruto (PIB), cuando el país esperaba que ese indicador no superara un 6% del PIB.

Se nos vino la pandemia sin los cambios estructurales y entonces ahora tenemos un doble peso en todo esto. Se los digo muy francamente, la preocupación es profunda porque cuando en el pasado, cuando uno decía ‘ahí viene el lobo…’ yo creo que el ‘lobo’ ya llegó”, alertó, mientras dejaba patente que todo el país deberá aportar para sortear una crisis sin salida, debido a que consideró que mientras más tiempo pase, más se agravará la situación.

Organización del Estado

Según el Área de Administración Financiera de la Contraloría, apuntó que uno de los aspectos que urge reformar para capear la crisis está relacionado con el “escape” de las normativas centrales del sistema de administración financiera.

Ese proceso se ha concretado a través del uso por décadas de figuras jurídicas como los órganos desconcentrados de los ministerios; los fideicomisos y regímenes de autonomía que, según lo apuntó la Contraloría en su Memoria Anual 2019, “ha causado múltiples efectos dispersos y de descontrol en el gasto público”.

Recientemente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reiteró en su Estudio Económico Costa Rica 2020 que la atomización del Estado debilita la gobernanza pública y afecta el déficit fiscal del Gobierno Central.

Asignaciones presupuestarias predeterminadas

La Contraloría citó este rubro entre los que requieren una revisión y un cambio inmediato para aliviar las presiones fiscales del país.

Para el órgano contralor, es necesario un replanteamiento de muchas de las asignaciones dispuestas en épocas anteriores, un llamado que la contralora Acosta ha reiterado a los legisladores en múltiples ocasiones durante sus comparecencias.

Muchas de esas asignaciones presupuestarias se crearon, en opinión de la CGR, en una estructura económica y tecnológica diferente a la actual, así como en otros escenarios fiscales.

“Si el horizonte de mediano plazo se proyecta con menores posibilidades económicas y presupuestarias, debe considerarse seriamente si es posible atender algunos mandatos constitucionales que se han dispuesto en forma rígida, en vez de relacionarse a resultados en procura de una mayor eficiencia del gasto”, consideró la Contraloría.

Empleo público

Las reformas al empleo público se deben abordar a partir de un enfoque sistémico, según la Contraloría. En este ámbito del Estado, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la fiscalización del gasto público considera que el esquema actual de remuneraciones impacta la sostenibilidad fiscal, por lo que es urgente que se discutan sistemas más eficientes.

Esa nueva ordenanza, recomienda la institución, debe responder a principios que garanticen el gasto racional de los recursos públicos y a parámetros como:

  • La razonabilidad
  • Eficiencia
  • Eficacia
  • Responsabilidad fiscal

OCDE también revisó con lupa este aspecto en su último estudio sobre Costa Rica y recomendó al país que resuelva los problemas que le plantea el empleo público a las finanzas públicas cuanto antes.

El informe del grupo de 37 países destacó que al Gobierno se le va un 50% de sus ingresos en el pago de la planilla. Hay casos que comprenden las mismas categorías de puestos pero en distintas instituciones públicas en que las diferencias son de hasta un 600%. 

Incentivos fiscales

Otro de los cambios estructurales que la CGR plantea como necesarios para que al Gobierno Central finalmente le alcance el dinero para cubrir los gastos de las instituciones es el de las exoneraciones y reducciones en el pago de los impuestos, o incentivos fiscales.

Para la institución, esos estímulos ponen a los gestores públicos frente a un problema “complejo”, pues el mecanismo erosiona la base de ingreso del Gobierno Central, lo cual agrava la mala situación de la Hacienda Pública, frágil desde antes de que la pandemia del COVID-19 la terminara de secar.

“Priorizar la atención (y por ende, el establecimiento de los beneficios) se convierte entonces en un prerrequisito fundamental. Esta priorización exige una definición clara de los requisitos que se deben cumplir para ser beneficiario de un incentivo fiscal, en particular de las exoneraciones tributarias”, opina la CGR.

Déficit monstruoso podría materializarse en 2020

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Marta Acosta dijo que la Contraloría prevé que este año cierre con un déficit fiscal de un 11,2% del PIB.

Cada punto porcentual del PIB equivale a ¢360.000 millones; es decir, que la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central será cercana a los ¢4 millones de millones al cerrar este año.

El 9 de julio el ministro de Hacienda, Elian Villegas, anticipó a los diputados que, según cálculos de su cartera, el déficit sería de un 9,7% del PIB al cierre de este 2020.

La Contraloría explicó a solicitud de este diario digital que la diferencia en las estimaciones en el porcentaje del déficit se sustenta en cálculos hechos con base en el segundo presupuesto presupuesto extraordinario de la República, en discusión actualmente en el Parlamento.

“Los ingresos presupuestados al día de hoy suman ¢5.466.598 millones; los gastos, ¢8.567.820 millones; eso significa un déficit (a nivel de sumas presupuestadas) de ¢3.101.222 millones, equivalente al 8,7% del PIB.

“El proyecto de presupuesto extraordinario implica una rebaja neta de ingresos por ¢1.076.846 millones, y una rebaja neta de gastos por ¢195.517 millones; de este modo, si se aprobara este proyecto con estos datos, los ingresos del presupuesto ascenderían a ¢4.389.752 millones, los gastos a ¢8.372.302 millones y el déficit a ¢3.982.550 millones.

Esta última cifra es la que equivale al 11,2% del PIB, y corresponde al déficit a nivel de datos presupuestados; el déficit que efectivamente se llegue a dar dependerá de en qué medida se ejecuten los gastos autorizados y de la evolución real de los ingresos”, explicó la CGR.



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