Deficiencias en gestión pública, al desnudo


Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dejó al descubierto las falencias del servicio público panameño: no hay diferencia entre Estado y Gobierno, funcionarios y asesores políticos son considerado lo mismo, nombramientos políticos y con alta discrecionalidad, instituciones débiles, y ausencia de un sistema que premie los méritos.

El documento titulado “El servicio civil en Panamá”, afirma que para que el país cumpla con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 16, [fortalecimiento de las instituciones] requiere un servicio civil “despolitizado”, que asegure una gestión de excelencia, y que proyecte las bases de un Estado democrático desarrollado y sostenible. Recomienda perfeccionar el trabajo de la Dirección General de la Carrera Administrativa para que los procesos de reclutamiento se realicen con la intención de “atraer buenos profesionales” al sector público. Se indica que la carrera administrativa no logra corregir una injusticia instalada: “mover y trasladar funcionarios de acuerdo con interese particulares”.

El tema surge en momentos en que se debate las ac tuaciones de algunos funcionario: un exgobernador procesado por supuesto tráfico de drogas, personal destituido por violar normas de la cuarentena, autoridades de gobiernos locales que desafían las reglas, amenazas con despedir a quien no de me gusta a las publicaciones de un ministro, diputados controlando nombramientos en el Ejecutivo e influenciadores con altos salarios en la administración pública.

La radiografía del servicio público: ineficaz y clientelista

Pese a que Panamá cuenta con una carrera administrativa, normas que regulan la gestión pública y a los funcionarios, esto no es suficiente para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), plan que requiere de un sector público eficiente, transparente y probo, un recurso humano altamente calificado y un servicio civil despolitizado para asegurar una gestión que proyecte las bases de un Estado democrático desarrollado y sostenible.

Esta realidad quedó reflejada en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2019 sobre el servicio civil en Panamá y para cuya elaboración se utilizaron dos métodos de investigación: análisis de fuentes primarias y secundarias sobre las instituciones públicas, y comparaciones internacionales en lo que a capital humano en el sector público se refiere.

En 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que el servicio civil comprende “todo el recurso humano de la administración pública; y se refiere al conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que lo integran”.

En ese sentido, la agenda 20-30 que impulsa los ODS en el fortalecimiento de las instituciones plantea que la calidad del capital humano es una “prioridad” para fortalecer el quehacer del Estado, ya que son los servidores públicos su cara “más visible” y su accionar está estrechamente ligado a la manera como la ciudadanía evalúa la eficacia estatal y del gobierno de turno.

Sin embargo, el PNUD señala en su informe que en Panamá “la diferencia entre Estado y Gobierno difícilmente se percibe; los servidores públicos terminan siendo identificados con la administración gubernamental de turno”.

De hecho, en entrevistas hechas por el PNUD algunos funcionarios –cuyos nombres no se detallan– así lo dicen. “No es posible pensar que todos los funcionarios que son elegidos en cargos clave del Estado están ahí por sus capacidades. Muchos que son altos directivos fueron elegidos por la cercanía de ellos con el gobierno que le toca asumir, y por eso tenemos tanta gente que entra y sale de la administración del Estado panameño cada cinco años”, expresó un funcionario al PNUD.

Mientras, un exdirigente gremial dijo: “tenemos que avanzar hacia un Estado más independiente y serio; no se entiende que los funcionarios de un gobierno no sirvan para el próximo gobierno y se les saque de sus funciones. Esto ha llegado a generar que los servidores públicos se cambien de partido político para así no perder el trabajo”.

Las fallas

El no cumplir con los acuerdos internacionales que buscan el mejoramiento de la función pública, no tener normas mejor estructuradas en materia de transparencia ni una carrera administrativa robusta que valore el profesionalismo forman parte de las falencias que arrastra Panamá en estos asuntos.

Precisamente, el estudio del PNUD dejó claro que, según los funcionarios entrevistados, la carrera administrativa no ha logrado corregir la capacidad desmedida de las autoridades para mover y trasladar a servidores públicos de acuerdo con intereses particulares.

Los servidores entrevistados para el informe ven con buenos ojos la creación del Tribunal Administrativo de la Función Pública, pero consideran que dicha instancia debe orientarse al desarrollo del servicio civil para toda la administración pública y no solo para los adscritos a la carrera administrativa.

Desde su creación en 2017, este Tribunal no ha comenzado a operar. El actual gobierno, que lidera Laurentino Cortizo, debe designar dos magistrados.

“Los entrevistados reiteraron que el clientelismo es un hecho persistente en la administración del Estado panameño; en cada cambio de gobierno se reconfigura un nuevo grupo de funcionarios que responde a militancias políticas relacionadas al gobierno de turno”, dice el informe.

El PNUD recordó que el Índice de Desarrollo del Servicio Civil para América Latina elaborado por el BID señala que Panamá, junto a El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, presenta los “mayores atrasos” en la materia de servicio civil.

Este documento del BID indica que en Panamá hay una “débil institucionalidad y alta discrecionalidad en la toma de decisiones; y, en especial, que no cuenta con sistema que premie el mérito como elemento esencial de la política de recurso humano. El servicio civil es una tarea pendiente para Panamá”.

¿Cómo puede mejorar Panamá su servicio civil?

El PNUD sugiere crear un nuevo marco regulatorio para la administración del Estado, pues considera que hay muchas leyes sobre la gestión pública, pero lo preciso es que tenga un solo cuerpo normativo.

Además, fortalecer el servicio civil con una ley de carrera administrativa que de “mayor estabilidad” y “exigencia en el ingreso” al sistema; medir el desempeño en la consecución de objetivos estratégicos; elevar los estándares de transparencia para los servidores; y generar un programa de excelencia para altos directivos de la administración pública.

También pide fortalecer la estabilidad de los funcionarios sin impedir procesos de reformas y mejoras en el sector público. “La estabilidad no puede confundirse con la inamovilidad”, concluye.



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