Diario Extra – 9 muertes por metanol reviven proyecto de trazabilidad


La noticia de que nueve personas murieron esta semana por consumir alcohol adulterado con metanol vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de que los diputados aprueben el expediente 20.961, una iniciativa que otorgaría al Ministerio de Hacienda la herramienta tecnológica necesaria para aplicar trazabilidad en las bebidas alcohólicas que se venden en el país.

La trazabilidad da la capacidad de saber que un producto es seguro, auténtico y que no hará daño si se consume.

El proyecto haría que Hacienda adquiera un sistema tecnológico de este tipo, lo que evitaría que productos adulterados se comercialicen y que el usuario los pueda identificar de uno original. 

 

AVANCE

 

A pesar de la oposición de la industria relacionada con estos productos, especialmente de la cervecera, el proyecto logró avanzar la semana anterior al aprobarse una moción de texto sustitutivo.

Ahora se está a la espera de una respuesta del Ministerio de Hacienda sobre el tema, que según el diputado liberacionista Daniel Ulate, principal impulsor de la propuesta, el jerarca del ramo Elián Villegas, se ha mostrado a favor de la propuesta.

“El sistema que Hacienda quiera implementar sacaría del mercado el licor ilegal ya sea por no pago de impuestos, o bien por casos de adulteración. Las autoridades podrán verificar mediante el sistema qué comercios están vendiendo licor adulterado, permitirá imponer sanciones y rastrear más fácilmente a las personas que se dedican a este tipo de negocio ilícito”, indicó el legislador.

El proyecto también amplía la capacidad humana facultando a la Policía Municipal y a los inspectores municipales a decomisar el producto que haya sido contrabandeando y adulterado, lo que permitirá a las municipalidades sancionar a los establecimientos que comercian ese tipo de bebidas.

“Es preocupante como las muertes por consumo de licor adulterado van en aumento, en el primer semestre del año contabilizamos 47 fallecidos, en estos días distintos medios se han referido a varias muertes más, no me queda duda que los costarricenses no tenemos seguridad de qué tipo de licor estamos consumiendo”, agregó Ulate.

 

El proyecto otorga estas facultades a las municipalidades

 

a) Cierre provisional y precautorio del establecimiento durante diez días naturales.

b) Iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de las respectivas licencias y patentes municipales, respetando el debido proceso.

c) En caso de reincidencia debidamente demostrada, realizar el cierre definitivo e inmediato del establecimiento.

d) Cualquier otra medida que proceda de conformidad con la legislación vigente.

 

Fuente: Expediente 20.961.



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