Diario Extra – Gobierno entrega las sobras pese a la crisis


Los diputados de oposición que conforman la Comisión de Hacendarios criticaron la escasa reducción del gasto que el Gobierno presentó en el primer presupuesto extraordinario para enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19.

En el informe de la comisión se explica que el Gobierno propuso “una rebaja muy débil y poco retadora”, en parte porque algunos de esos recursos fueron rebajados en subpartidas que todos los años “sobran”, relativas a reducciones de los recursos presupuestados para plazas vacantes, que de hecho están congeladas por el propio Poder Ejecutivo (¢15.200 millones), suspensión de pagos futuros no actuales, como el aumento salarial y el aumento por anualidad previstos para el 2020 (¢30.700 millones), recortes vinculados al congelamiento de plazas y la eliminación de aumentos salariales futuros (¢17.000 millones), sacrificio de recursos para instituciones que reciben transferencias del Gobierno Central para su operación propia (¢13.000 millones) y tan solo un 10% de estos recursos obedecen a recortes operativos de las instituciones, en momentos en que por la crisis sanitaria, las instituciones ni siquiera están en funcionamiento pleno.

“En resumen, el Poder Ejecutivo, en momentos de solidaridad, entrega lo que le sobra, y no aporta de entre los recursos que se han vuelto innecesarios e irrelevante en las actuales circunstancias”, señala el informe del dictamen.

La Comisión de Hacendarios dictaminó este lunes de forma positiva el expediente 21.918, por un monto total de ¢369 mil millones, pese a que considera que el gobierno no se socó la faja como debía. 

 

CRÍTICAS

 

La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de dicho foro legislativo cree que el Poder Ejecutivo pudo hacer más.

“En medio de la crisis sanitaria y económica asociada al COVID-19, las medidas de contención y ahorro en el gasto público se hacen cada vez más necesarias y obligatorias, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que muchas instituciones ejecuten proyectos no necesariamente oportunos, convenientes o razonables ante la pandemia”, indica el dictamen.

Los legisladores reiteran la necesidad de revisión de gastos que se consideran no indispensables, como transporte y viáticos en el interior y exterior del país; alimentación, actividades protocolarias y sociales, actividades de capacitación, consultorías y transferencias que no resulten necesarias para la atención de la emergencia o el funcionamiento de la institución. El proyecto ahora deberá ser votado en el Plenario.

 

DISTRIbUCIÓN 

 

El monto total de ¢369 mil millones se distribuye de la siguiente forma: ¢216.149 millones se utilizarán para el pago de la deuda pública (recursos que provienen del préstamo aprobado con la Comunidad Andina de Fomento CAF que fue de $287 mil millones, menos ¢66 mil de Bonos Proteger)

También ¢2.429 millones se le asignan al Ministerio de Salud para la atención de la emergencia sanitaria.

Y, por último, ¢150.500 millones se destinarán para el pago de subsidios temporales por desempleo, suspensión o reducción de jornadas laborales, así como a trabajadores independientes, temporales o informales con afectación en sus ingresos como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19.

 

CAMBIOS

 

La comisión terminó aprobando cuatro mociones de fondo al proyecto del presupuesto., explicó que dentro de los cambios que se le incluyeron está el papel de fiscalización que deberán realizar tanto la auditoría interna del Ministerio de Trabajo como del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con el giro de los recursos a las personas afectadas, así como también por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Además, el Gobierno se verá en la obligación de emitir un informe de resultados tras la entrega de los subsidios. 

También se corrigió una ilegalidad ya que el Gobierno pretendía incluir ¢8.491 del pago de anualidades de las instituciones públicas, pero que estaba condicionada a la aprobación de otro proyecto de ley que busca eliminar el pago de anualidad en todas las entidades con excepción del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y de los cuerpos de policía.



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