Diario Extra – Profesores se oponen a recorte de jornadas


El Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) emitió una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, para solicitar que se desconvoque el proyecto de Flexibilidad Laboral.

El escrito critica la propuesta que hacen las Cámaras Empresariales y el gobierno para recortar la jornada laboral de los empleados del sector público.

“Es impresionante que el Ministerio de Trabajo anterior haya expresado su benevolencia al proyecto inicial y más preocupante aún, la timorata defensa de los derechos laborales que realizó la Defensoría de los Habitantes, lo que nos parece indicar que las redes de influencia de los empresarios se han ampliado hasta esta importante institución por lo que nos preocupa que la Defensoría exprese su eventual aprobación al texto consultado y sea de aplicación efectiva para todas y todos los trabajadores”, se lee en la misiva dirigida al mandatario costarricense

De acuerdo con el SEC, las ideas de protección de la institucionalidad del Estado en medio de la pandemia, a través de la flexibilidad de jornadas, podrían significar precariedad en el ámbito laboral de los educadores.

“Aunque la clase empresarial afirme que la flexibilidad es beneficiosa, que implica “libertad”, lo cierto es que son estrategias para disponer del tiempo de trabajo de los descansos de los trabajadores (…), lo que resultaría en muchas horas sin paga a cargo de los trabajadores”, reza el escrito.

La agrupación asegura que el cambio de los horarios no les permitiría a los colaboradores tener tiempo de estudio, participar en actividades comunales y limitaría su vida en el hogar.

“Rogamos al señor Presidente retirar de sesiones extraordinarias el proyecto de Flexibilidad Laboral, que como se dijo, representa una grave precarización de los derechos laborales de los trabajadores, ya golpeados fuertemente por las políticas neoliberales y por la pandemia”, concluye la carta.

 

PROYECTO DE LEY 

 

El proyecto de flexibilización de la jornada laboral se encuentra dentro de las iniciativas de ley que el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa para ser discutidas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

“Es imperativo que las personas servidoras públicas con los salarios más altos, que gozamos de estabilidad y que hemos podido tener nuestros ingresos intactos, contribuyamos solidariamente con quienes han sido afectados por la pandemia”, se lee en una carta que enviaron a los diputados el ministro de Hacienda Elián Villegas y la ministra de Planificación Pilar Garrido, en junio.

Dentro de las disposiciones del proyecto se establece el recorte de la jornada laboral del sector público en un 15%, con esto el gobierno se ahorraría unos ¢130 mil millones.

Un trabajador que recibe un salario de ¢1,5 millones, de manera promedio se vería afectado con ¢225 mil menos por mes.

La medida se estaría estableciendo por el periodo de un año y estarían involucrados unos 44.532 trabajadores del sector público.

“Queda excluido el personal que labore en el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, cuerpos policiales y centros penitenciarios”, menciona el proyecto del Ejecutivo.

 

OPOSICIÓN

 

La reducción de jornadas en el sector público ha sido el centro de polémicas, inclusive en el ámbito legislativo, lugar donde se discutirá su aprobación.

“Afectar el ingreso de las familias costarricenses tendrá un impacto negativo en la reactivación económica que tanto ocupa nuestro país y las empresas, porque disminuir el poder adquisitivo de las familias es disminuir el consumo de bienes y servicios, por lo que las empresas venderán menos, no podrán contratar más personal y el gobierno dejará de recaudar los impuestos por esas ventas y consumo”, opinó el legislador Otto Roberto Vargas, cuando el plan fue impulsado en junio.

Otros diputados como Franggi Nicolás y Luis Fernando Chacón mencionaron que recortarle el ingreso al sector público podría afectar directamente la reactivación económica.

En el caso del Ministerio de Educación Pública, de los 93.248 trabajadores en planilla, 11.575 se verían afectados por la reducción, esto representa un 12% de la planilla y el recorte representaría unos ¢3.154.3 millones.



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