Diario Extra – Sala IV pone fin a polémica con embajadora


El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) informó a la prensa este jueves, por medio de un boletín, que la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso interpuesto a favor de la exfuncionaria Lilliam Espinoza Bohórquez, quien fue despedida por la jefa de la oficina de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Elayne Whyte.

La acción que rechazaron los magistrados fue interpuesta por Sonia Picado Sotela y otros, y alegaba que Espinoza, quien llevaba 35 años de desempeñarse como secretaria de la misión, fue destituida de forma arbitraria y sin especificársele ninguna justificación.

El caso, que dio a conocer DIARIO EXTRA en julio, llevó a distinguidas figuras a remitirle un oficio al canciller Manuel Ventura para que reconsiderara la decisión de la embajadora Whyte, pero eso nunca ocurrió.

La misiva, remitida el 2 de mayo a Ventura, llevaba la firma de Elizabeth Odio Benito, reconocida jurista costarricense y distinguida jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así como de figuras de la talla de Bernd Niehaus Quesada, Édgar Ugalde Álvarez, Manuel Dengo Benavides, Luis Varela Quirós y Elías Soley Soler.

Este jueves, tras conocerse la decisión de los jueces, que deja en firme la destitución de Espinoza y sienta un precedente en futuros despidos en las misiones de la cartera, el jerarca Ventura declaró: “Tomamos la decisión de la Sala Constitucional en el mayor respeto. Es una determinación que reafirma que la Cancillería actuó apegada a la legislación y en procura de adecuar legítimamente los intereses del Estado costarricense y el respeto a los derechos de sus funcionarios en el exterior”.

Asimismo la Cancillería, que sobre el caso siempre se mantuvo hermética alegando que el tema se encontraba en la Sala IV, explicó que los hechos se remontan a 2016, cuando se ordenó un estudio a profundidad de la situación laboral de todos los funcionarios administrativos de las sedes diplomáticas y consulares, muchos de los cuales datan de décadas atrás, con el fin de contar con lineamientos generales aplicables a todas las sedes y que dichas relaciones laborales se ajustasen a las regulaciones de cada Estado receptor. 

Así, mediante la directriz DGSE-1386-2018, del 2 de julio 2018, relativa a la necesidad de contratación de personal local de conformidad con la legislación local del país receptor, la Dirección General del Servicio Exterior (DGSE) instruyó a todas las embajadas y misiones a suscribir nuevos contratos con el personal administrativo para tener una política estandarizada de contratos, sobre la base de la legislación laboral de cada país sede.



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