Empresa china defiende estudio de factibilidad que frenó plan de refinería


(CRHoy.com). La Compañía Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI, por sus siglas en inglés) aseguró que el fallo del arbitraje internacional sostenido con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por el proyecto para modernizar la refinería de Moín, determinó que el estudio de factibilidad para la obra se hizo de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de Empresa Conjunta (AEC) entre ambas partes.

El análisis fue realizado por la empresa China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, subsidiaria de la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC, por sus siglas en inglés). Es decir, una institución “hermana” de CNPCI.

Desde 2013 la Contraloría General de la República (CGR) frenó el avance del proyecto en virtud de que el estudio de factibilidad fue elaborado por una compañía subsidiaria de CNPC. Esto, según interpretó el órgano contralor, se convirtió en el incumplimiento de una de las cláusulas del AEC.

Recope y CNPCI conformaron en conjunto la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco) con el objetivo de impulsar la modernización de la refinería de Moín, en Limón. Cada parte aportó $50 millones en capital social para el proyecto, sin embargo los años pasaron y nunca hubo un acuerdo para elaborar un nuevo estudio de factibilidad que permitiera avanzar con la propuesta.

“El compromiso de la filial de CNPCI, China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQCEC), para la preparación del estudio de factibilidad para el proyecto, estaba en conformidad con el acuerdo de empresa conjunta entre CNPCI y Recope (AEC)“, citó CNPCI, mediante un comunicado de prensa difundido este 3 de noviembre.

Las partes nunca se pusieron de acuerdo para realizar un nuevo estudio de factibilidad que permitiera continuar con el plan. Tanto así que en abril de 2016 el gobierno costarricense (máximo accionista de Soresco) anunció la intención de separarse de la empresa conjunta. Pero, acto seguido, los representantes chinos decidieron elevar el caso a un arbitraje internacional que se dilucidó finalmente en la Cámara de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés).

A estos tropiezos se le suman los allanamientos y operativos realizados por el Ministerio Público en noviembre de 2018 como parte de una investigación por el presunto desvío de $70 millones destinados al proyecto. Hay 9 personas imputadas: 6 sujetas al proceso penal sin medidas cautelares y 3 que no han sido ubicadas (la Fiscalía coordinó con Interpol para ubicarlas).

El que podría ser el último capítulo de este gris antecedente para las inversiones del Estado costarricense llegó este 28 de octubre directamente desde el LCIA en Londres. El tribunal internacional emitió un fallo que autorizó la disolución de Soresco junto con otros puntos: que cada parte asuma el 50% del costo del arbitraje ($440 mil), se finaliza el acuerdo de empresa conjunta y se rechaza cualquier reclamo indemnizatorio de las partes.

¿Fallo satisfactorio?

En una conferencia de prensa realizada el 31 de octubre pasado, Recope confirmó que no podrían ventilar mayores detalles sobre el proceso tramitado en el LCIA.

“Se descubrió que tanto CNPCI como Recope violaron el AEC al no cooperar lo suficiente siguiendo las órdenes emitidas por la CGR de Costa Rica. En particular, Recope incumplió sus compromisos de cooperación al retirar la impugnación judicial de las órdenes de la CGR sin consultar al CNPCI y por separado mediante su anuncio público de su retirada del proyecto. CNPCI incumplió sus compromisos de cooperación al no aceptar la preparación de un nuevo estudio de factibilidad”, acotó el reporte oficial de CNPCI.

Para la compañía china, lo más importante del laudo arbitral radica en que “se ha reivindicado la posición de CNPCI de que no hubo irregularidades por parte de CNPCI o Soresco en el inicio e implementación del proyecto o con respecto a las finanzas de Soresco (…) CNPCI está particularmente encantado con los hallazgos en relación con la participación de HQCEC y el pago de salarios y tarifas de expatriación dado que son asuntos que detuvieron el proyecto luego de la intervención de la CGR”.

Para dejar en firme la disolución de la sociedad, las partes deben convocar a una asamblea de accionistas donde se tome un acuerdo de disolución. En ese proceso se nombrará un liquidador, quien se encargará de culminar operaciones sociales, créditos, pagos de deudas, entre otros.

“Si bien tenemos $36 millones en cuentas, también Soresco tiene una serie de activos que el liquidador va a tener que valorar para proponer un acuerdo de liquidación que también tendrá que ser aprobado por los socios. Entramos en una fase de culminación. Una vez aprobado ese informe final por los socios, Soresco deja de existir”, dijo María Fernanda Roldán, abogada de Recope.

El remanente del dinero que está en cuentas fue invertido en entidades financieras y, al ser una cantidad elevada, ha generado intereses por hasta $3 millones. “La empresa ya dejó de consumir el capital inicial y ahora los gastos se cubren en los intereses de esas reinversiones. Se ha ido recuperando parte del capital que se tuvo. Obviamente hubo una pérdida, pero el costo anual de servicios de personal”, explicó Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la refinadora.

Entre los bienes de Soresco figuran una buseta, unas “pequeñas” oficinas en Limón y varios muebles.



MÁS INFORMACIÓN

SiteLock
Facebook