Extradición de los Martinelli Linares: el caso de Ricardo Alberto depende de un amparo; el de Luis Enrique sigue en el tribunal


El expediente de Luis Enrique Martinelli Linares se encuentra todavía en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, “a la espera de las actuaciones que promueva su defensa para continuar con su trámite”, informaron en el Organismo Judicial de Guatemala.

La semana pasada, se conoció que el Tribunal Quinto ordenó el inicio del proceso de extradición de Luis Enrique, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por presunto blanqueo y conspiración para lavar dinero ligado a Odebrecht.

Su abogado había informado que recusaría al tribunal, pero en el Organismo Judicial no manejan información alguna al respecto.

El Tribunal Quinto deberá remitir el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que a su vez lo debe enviar a la embajada estadounidense en ese país. Una vez sea formalmente notificado, Estados Unidos tiene hasta 40 días para presentar la solicitud formal de extradición y los documentos que la sustentan.

En cuanto a su hermano Ricardo Alberto, su caso lo llevaba el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, pero el expediente expediente se encuentra ahora en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, por un amparo que interpuso su abogado, después que el referido tribunal desconociera la presunta condición de diputado suplente del Parlacen, que alega tener el hijo mayor del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

También Luis Enrique reclama su reconocimiento como diplomático y miembro del Parlacen. Los hermanos nunca han sido juramentados en dichos cargos.

Los dos hijos del exmandatarios fueron detenidos el 6 de julio en Guatemala, a solicitud de Estados Unidos. Desde entonces, permanecen en la prisión militar Mariscal Zavala.

Según una acusación presentada por el FBI en una corte en Nueva York, Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.

Los pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora (la mayoría se encuentra sellado por orden del juez federal Robert Levy, de la Corte del Distrito Este de Nueva York). No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.

En Panamá, Marta Linares de Martinelli ha pedido una cita al presidente Laurentino Cortizo, con la intención de que Panamá interceda y solicite la entrega de los dos detenidos.



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