Factura electrónica vulnera datos de contribuyentes


Según quejas de usuarios ante Agencia del Ministerio de Justicia

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, hace un llamado a los emisores de factura electrónica, para que profundicen las medidas de seguridad y privacidad con que almacenan los datos personales que solicitan a sus clientes.

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Los ciudadanos se muestran preocupados por las que consideran “malas prácticas”, que se han vuelto recurrentes y que podrían desencadenar en estafas o robos de datos sensibles.

“Algunas personas han indicado que cuando van a pagar no les pueden emitir su factura en el mismo momento y para el posterior envío les solicitan dejar anotados sus datos en un cuaderno o libreta, donde a su vez están expuestos los datos de terceros”, expresó la directora nacional de Prodhab, Ana Karen Cortés Víquez.

El mal tratamiento o almacenamiento de datos personales puede conllevar sanciones que oscilan entre los 2 y 15 millones de colones para los infractores; lo que podría resultar mucho más costoso para el negocio que invertir desde el inicio en un sistema apropiado y proactivo para su resguardo.

Para el envío de la factura, los clientes deben proveer su nombre completo, número de cédula y correo electrónico. No obstante, hay quienes van más allá y solicitan datos como el teléfono, la dirección física o hasta el número de placa del vehículo (cuando se trata de pagos en gasolineras).

“Es importante recalcar que el comercio o el responsable de la base debe respetar el fin para el cual se brindan esos datos y el cliente está en su derecho de limitarse a suministrar los datos que sean estrictamente necesarios”, aclaró Cortés.

Según la directora, “cualquier persona puede exigirle al negocio que sus datos no queden registrados a la vista de terceros y este deberá proporcionar los medios apropiados. Si el cliente se siente vulnerado, o bien si el comercio incurre en alguna de las faltas expuestas, puede presentar una denuncia ante la Prodhab”.

La obligatoriedad en el uso del sistema de emisión de comprobantes electrónicos fue implementada progresivamente desde el 15 de enero del 2018.

Al cierre del año, Hacienda analizó 1.570 casos, entre los que se encontraron 157 irregularidades en la emisión. 

De los casos encontrados, 28 remediaron su situación, a 60 se les inició el proceso sancionador por un monto estimado de ¢ 257 millones. De ellos cerca del 15% ya pagó la sanción.







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