Festín de puestos en Cancillería acabará en un mes, dice canciller


  • Ministerio debe consultar sobre eventual recuperación de salarios recibidos de más por directores nombrados al margen de la ley
  • Diputados insisten en que jerarca no tiene el músculo político para seguir al frente de la diplomacia nacional

Un mes. Ese es el plazo del que habló la canciller, Epsy Campbell Barr,  para cerrar de una vez por todas  el botín político de puestos dentro de la Cancillería, que ella abrió en los primeros 7 meses de esta administración.

Para ello, la Cancillería sacará un concurso interno para diplomáticos de carrera para ocupar los puestos de directores y directores alternos  de las cinco direcciones de la Cancillería.  Los nuevos jerarcas deberán estar nombrados a más tardar el próximo 15 de enero.

Las condiciones de ese concurso debieron haber sido entregadas este viernes a Campbell por parte de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior, un órgano asesor de la jerarca.

Epsy Campbell descartó dejar su cargo como canciller, a pesar de que la oposición insiste en que no tiene la legitimidad ni el músculo político para seguir (Daniela Abarca CRH)

La también vicepresidenta  añadió que este concurso propiciará que muchos diplomáticos que se oponían a rotar en el Servicio Externo lo hagan y que otros funcionarios que pasan de un país a otro regresen al Servicio Interno en la Cancillería , como lo establece el Estatuto del Servicio Exterior.

“El concurso interno, por la lógica de ser un concurso para funcionarios de carrera, es un concurso con plazo determinado, o sea no son puestos que son de propiedad de manera indefinida, sino que tienen que tener un plazo determinado entendiendo que la rotación es parte de la carrera diplomática”, dijo Campbell.

La decisión de sacar a concurso los puestos de directores y directores alternos de la Cancillería se tomó luego de la resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) en respuesta a una consulta de Campbell.  Esa resolución confirmó la ilegalidad de sus nombramientos.

La resolución señala que el Estatuto de Servicio Exterior de la República, Ley No. 3530, se constituye en un régimen especial, diferenciado, y por demás prevalente, respecto de la carrera administrativa ordinaria, es decir del Servicio Civil.

Señala además que el Estatuto del Servicio Exterior regula régimen jurídico estatutario del Servicio Exterior del país y la carrera diplomática.

Lo anterior quiere decir que para eso se creó una ley especial que rigiera un régimen especial, como lo es la carrera diplomática y para eso se creo el Estatuto del Servicio Exterior.

También el documento aclara cuáles son los puestos de confianza dentro de la Cancillería, basándose en la Constitución Política, el Estatuto y diferentes pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la misma Procuraduría. En ese listado no aparecen los puestos en los que la canciller colocó a su fichas del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Los puestos de Director de la Dirección de la Dirección General de Política Exterior, Dirección General de Servicio Exterior, Dirección de Cooperación Internacional, Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado y Culto, y el Instituto Manuel María Peralta, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no pueden ser catalogados como “de confianza”, en los términos del artículo 4, inciso g, del Estatuto de Servicio Civil. Y por tanto, no están excluidos régimen estatutario del Servicio Exterior” dice la resolución C-304-2018 firmada por  el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla Salazar, el pasado 5 de diciembre y comunicada a la Cancillería este viernes.

La resolución de la PGR tiene como base la de la diputada Niño, la consulta de la legisladora se planteó tras una denuncia dada a conocer en julio anterior por CRHoy, sobre los nombramientos de Adriana Murillo como directora de Política Exterior y de la ex vicecanciller, Carolina Fernández, cómo directora alterna de esta dirección, a pesar de ninguna cumple con los requisitos.

Campbell nombró a Murillo y a Fernández a pesar de que ninguna de ellas  tiene el rango de embajadora, como lo estipula el artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior. Recientemente, en noviembre Campbell colocó  a Adriana Solano como directora de Cooperación Internacional a pesar de tampoco cumplir con este requisito.

Pero además, Campbell sostuvo en sus puestos a a Gina Guillén y Cyrus Alpízar; directora y director alterno de Protocolo, a Lina Ajoy y Sergio Vinocour como directora y director alterno de Servicio Exterior y a  Carmen Claramut como directora alterna de Cooperación Internacional. Ellos tampoco cumplen con el requisito de ser embajadores.

Todos ellos el pasado lunes, por disposición de Campbell, presentaron sus puestos a disposición a la espera de que se resolviera la consulta planteada por la ministra, por lo que ahora deberán de dejar sus puestos.

Campbell anunció que se le consultará a la PGR cómo proceder con la recuperación de los salarios de las personas que se nombraron al margen de la ley.

Sin asumir responsabilidad política

La canciller Epsy Campbell se niega asumir la responsabilidad política por los nombramientos ilegales hechos por ella en estos 7 meses de gestión y se aferra a su puesto, a pesar de que la oposición insiste en que no cuenta ya con el músculo político para seguir adelante.

Campbell se justificó alegando que este tipo de nombramientos se venían haciendo desde el año 2000 y que sumaron cerca de 50 puestos de dirección, sin embargo no se refirió “al borrón y cuenta nueva” que ella y el presidente, Carlos Alvarado prometieron durante la campaña electoral y que hacía mención a cuestiones éticas y morales.

“Antes de hoy no había ningún criterio jurídico que planteara lo que hoy la PGR está planteando. En ningún momento he mentido, he dicho la verdad absoluta. Jamás actuamos con dolo ni mala fe, sino con las interpretaciones legales”, defendió Campbell.

Las explicaciones y justificaciones de Campbell no satisficieron a los diputados, quienes siguen insistiendo en que Campbell debe dejar el puesto o de lo contrario ser destituida por el presidente Alvarado.

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