la cuestionada ruta de ₡100 mil millones y $50 millones para “salvar” un banco


  • Contraloria asegura que «inversiones» en este banco influyeron en el llamado «hueco presupuestario» heredado por dicha administración
  • ¿Cuál fue la ruta de esos traslados?, ¿cuáles fueron las advertencias a la administración Solís Rivera? y ¿qué decisiones tomaron?

(CRHoy.com).- El camino que tomaron ₡100 mil millones y $50 millones que salieron del Ministerio de Hacienda a Bancrédito, entre marzo y abril del 2017 durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, con el fin de “salvar” al banco de la quiebra no habría sido el correcto. Es precisamente esa ruta la que provocó que la Contraloría General de la República (CGR) enviara al Ministerio Público una acusación contra funcionarios y exfuncionarios que ordenaron y realizaron dichos traslados de dinero.

Solís Rivera, Helio Fallas Venegas, exvicepresidente de la República, Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia, Martha Cubillo Jiménez, extesorera Nacional y Exviceministra de Ingresos y Mauricio Arroyo Rivera, actual Subtesorero Nacional, podrían enfrentar una acusación penal por los delitos de fraude de ley, peculado e influencia en contra de la Hacienda Pública.

Una fuente interna de la CGR, la cual no quiso ser identificada pero que tiene relación con la investigación sobre los traslados de esos fondos, indicó que la forma en la que se justificaron esos traslados y las solicitudes de ampliación de los vencimientos de las llamadas “inversiones” podrían constituir actos ilegales en el ejercicio de los cargos públicos.

El pasado 6 de julio, la División Jurídica de la CGR remitió al Ministerio Público un documento donde se detallan las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno entre 2016 y 2018 en la compra de títulos al Bancrédito, “gestionados con el objetivo de solventar los problemas de liquidez de este último, lo cual en apariencia repercutió en la afectación del flujo de caja del Presupuesto de la República del año 2018, poniéndose así en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”, indicaron por medio de un comunicado de prensa.

¿Cuál fue la ruta de esos traslados? ¿Cuáles fueron las advertencias hechas a la administración Solís Rivera? ¿Qué decisiones tomaron las autoridades de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda?

La fuente interna del ente contralor explicó a este medio que uno de los primeros registros de estos hechos data del 3 de octubre del 2016, cuando fueron convocados a una reunión en Casa Presidencial Fernando Rodríguez Garro, en ese momento Viceministro de Ingresos, Olivier Castro, quien para esas fechas era el Presidente del Banco Central y Martha Cubillo, Tesorera Nacional.

La reunión con estas personas se realizó el 11 de octubre de ese mismo año y quien la solicitó fue Fallas Venegas como Primer Vicepresidente de la República. Luego, 15 días después, en el Consejo Económico se rindió un informe sobre la difícil situación de Bancrédito y se analizaron las acciones que se tomarían a futuro.

Mientras eso sucedía en Casa Presidencial, en la Junta Directiva de Bancrédito la situación era más tensa y complicada. El 14 de febrero del 2017 los directivos de ese banco discuten los graves problemas de liquidez y la estrategia para solucionar el tema. Es en el acta de esa reunión donde aparece por primera vez mencionada la posibilidad de que la Tesorería Nacional pueda ayudar al banco y que la misma podría dar soporte en cuanto a la liquidez necesaria para sostener la entidad.

Banco debe cerrarse

La situación del banco no era ajena para otros sectores y en la Asamblea Legislativa ya se empezaban a manifestar señales fuertes de lo que se debía hacer. El 6 de marzo del 2017, el entonces diputado Ottón Solís, mediante un oficio dirigido al expresidente Luis Guillermo Solís solicitó el cierre del banco y propuso que el mismo fuera absorbido por el Banco Nacional.

Sin embargo, la solicitud de urgencia del exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) no sirvió de nada. El 28 de marzo del 2017 el Ministerio de Hacienda realizó la primera “inversión” o “compra” de los microtítulos 4970 y 4969 a Bancrédito, por la suma de ₡15 mil millones y $20 millones.

Un día después se hizo la segunda compra del microtítulo 4971 del Bancrédito por la suma de ₡13 mil millones y el 30 de marzo del 2017 se autorizó la tercera inversión en los microtítulos 4975 y 4973 del Bancrédito por ₡10 mil millones y $30 millones.

La fuente de la Contraloría comentó a CRHoy.com que estas llamadas “inversiones”, solo fueron respaldas por una constancia emitida por la Unidad de Gestión de Activos de la Tesorería Nacional, en la que se indicó que la Dirección de la Tesorería comprobó que se tenía el flujo de caja para hacer dichos traslados.

Luego de esos desembolsos, el expresidente Solís Rivera recibió una de las 6 advertencias que hizo el exsuperintendente General de Entidades Financieras (Sugef), Javier Cascante. El 3 de abril mandó un oficio a Casa Presidencial, donde además copió a Helio Fallas, exvicepresidente y exministro de Hacienda.

En la misiva, Cascante advirtió a Solís y Fallas que Bancrédito estaba en una situación financiera difícil y que él como superintendente estaba preocupado porque instituciones públicas no renovaron sus inversiones. Indicó que la situación debía ser abordada de forma oportuna y urgente, porque de otra forma habría que solicitar la intervención del banco. Las decisiones que se debían tomar eran inmediatas para evitar impactos en la situación financiera del país.

Cuatro días después, Solís, Fallas y el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, emitieron la directriz número 0-71P donde hicieron un llamado a la banca estatal, instituciones autónomas y empresas públicas a mantener las inversiones en Bancrédito.

Además, solicitaron la renuncia de los directores del banco, cosa que se hizo efectiva el 18 de abril, y 10 días después, el Ministerio de Hacienda autorizó el cuarto traslado de fondos o “inversión” a Bancrédito por la suma de ₡62 mil millones, tras la compra del microtítulo 4982.

Ninguno de los montos enviados por la Tesorería Nacional al banco regresó a las cuentas del Estado, pese a que tenían fechas de vencimiento entre julio y agosto de ese año.

Decisiones tomadas en noviembre

Ya con el dinero de Hacienda en las cuentas de Bancrédito, el 3 de mayo del 2017 el Superintendente de la Sugef recibió una misiva del Ministro de la Presidencia en la que le indicaba que las decisiones tomadas para solventar la situación del banco fueron tomadas en noviembre del 2016 por el Consejo Económico, liderado por Helio Fallas. Alfaro le indicó al Superintendente que hubo coordinación con juntas directivas de otros bancos y le informaba de la directriz 071-P que solicitó la renuncia de la junta directiva.

Sin embargo, la visión que tenía en ese momento el Ministro de la Presidencia no era la misma que se tenía en el banco.

Seis días después, en la sesión de junta directiva 9036/17 se indicó que no era evidente que el banco no pudiese salir con la liquidez y que la idea de las autoridades gubernamentales era sacarlo de la intermediación financiera. Además se discutió que los fondos de Hacienda podrían cubrir indicadores de liquidez y que eso les daría más tiempo para mantener a flote el banco.

A mediados de ese mismo mes, Sugef volvió a advertir sobre los problemas financieros del banco y señaló que los inversionistas institucionales no renovaron los certificados de depósito pese a la orden dada por Casa Presidencial. Además, señalaron que el banco no podría cumplir con sus obligaciones y eso era una causal de intervención.

A finales de mayo, el Consejo de Gobierno acordó, según el acta de sesión extraordinaria 12, solicitar nuevamente a las instituciones mantener sus inversiones en Bancrédito y a la junta directiva del banco un plan de transformación en la que se solicitó la gestión y venta de la cartera de crédito, las inversiones en títulos valores, bienes inmuebles adjudicados y no adjudicados.

De esa forma se pretendía excluir al banco de la intermediación financiera y asegurar la continuidad de la operación.

En junio el panorama no era diferente. Ronald Rojas, en ese momento Presidente de la Junta Directiva de Bancrédito, envió un oficio a Helio Fallas como Coordinador del Consejo Presidencial Económico indicándole que la situación del banco era crítica debido al deterioro acelerado, la carencia de liquidez, el retiro de fondos y el que las entidades públicas no renovaran las inversiones. Incluso le hizo ver que era imposible sacar al banco sin que fuera intervenido ya que la decisión de Casa Presidencial fue excluir al banco de su intermediación financiera.

Pide traslado de fechas

El 29 de junio del 2017, el Subtesorero Nacional, Mauricio Arroyo, solicitó al banco el traslado de las fechas de vencimiento de las “inversiones” que había realizado el Ministerio de Hacienda y que se tomara como nueva fecha el 27 de octubre de ese mismo año.

Un mes después, la Junta Directiva de Bancrédito remitió una carta al Presidente de la República solicitando que el Ministerio de Hacienda mantuviera en el banco al menos ₡30 mil millones y señalaron que se cerraría ese mes de julio con un grado 3 de inestabilidad financiera, por lo que tendrían que ser intervenidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

A finales de ese mes, nuevamente el exdiputado Ottón Solís, adviertió a Solís Rivera y Fallas Venegas sobre los riesgos de transformar el Bancrédito en un banco de fomento, ya que este segundo “nacería enfermo”, que la venta de la cartera no alcanzaría para cancelar todos los pasivos. El exlegislador abogó entonces por un cierre y el traslado del mismo al Banco de Costa Rica.

El 31 de julio, en sesión ordinaria del Conassif, el Superintendente informó que la proyección del banco era cerrar en irregularidad 2 con pérdidas que -para ese mes- rondaban los ₡500 millones.

Bancrédito ocupaba para ese momento más de los ₡30 mil millones que habían solicitado al Presidente y el panorama era más que desalentador en la junta directiva, donde se indicó en la sesión 9053/17 del 1 de agosto que en Casa Presidencial sólo pensaban en el proyecto de ley de la transformación banco cuando éste se estaba desmoronando.

Seis días después, Solís Rivera y Fallas Venegas publicaron el decreto ejecutivo 40540-H llamado “Contingencia fiscal” donde informan que la situación financiera del país se agrava por no tener acceso a financiamiento y que eso repercutía en una falta de liquidez del flujo de cada de la Tesorería Nacional.

A finales de agosto el banco empezó a “negociar” las ampliaciones de los plazos de las inversiones y se determinó, en Casa Presidencial, que sería la Tesorería Nacional la que ampliara los plazos de forma escalonada hasta llegar a diciembre.

El banco solicitó entonces reuniones con el Presidente porque estaban preocupados ante la posibilidad de una intervención de Sugef, ya que la entidad financiera no tenía viabilidad y no había seguridad de que el proyecto de transformación fuera aprobado en la Asamblea Legislativa.

Faltante de activos millonario

La situación en Bancrédito se agravó aún más. El 22 de setiembre el Superintendente  envió un oficio a Solís Rivera haciéndole ver que al 31 de agosto del 2017 el banco tenía un faltante de activos líquidos por más de ₡85 mil millones, además de que no podía cancelar la totalidad de los pasivos exigibles y que la intervención era inminente.

Dentro de las negociaciones para la ampliación de los plazos de vencimiento de las “inversiones” realizadas por Hacienda en Bancrédito, el exministro de la Presidencia envió un oficio a la Sugef , DM-826-2017, indicando que se había acordado buscar los mecanismos legales necesarios para extender el plazo de la deuda más allá del 31 de diciembre y que ante ese panorama Hacienda habría aceptado mantenerse como el último deudor y que para ese momento era muy difícil la transformación del banco por el cambio de gobierno.

Octubre del 2017 fue un mes clave. El día 3 de ese mes, en una sesión ordinaria de Conassif, se le comunicó a Solís Rivera, nuevamente, que el banco no tenía liquidez, que existía una alta probabilidad de que se ubicara en irregularidad 3 y que debían tomarse medidas urgentes antes del 6 de octubre.

Un día antes de esa fecha, la Sugef le señaló al exmandatario que Hacienda requería los pagos de sus “inversiones” para diciembre del 2017 y que no era cierto que dicho ministerio sería el último deudor del banco, además advirtió que la intervención de esa entidad acarrearía mayores costos financieros para el país con la activación de la garantía del Estado para la totalidad de los pasivos del banco.

El 22 de diciembre del 2017, en la sesión extraordinaria de Conassif 1385-2017, se acordó la intervención de Bancrédito, con el voto en contra de Fallas Venegas. El Consejo indicó que la entidad financiera sería intervenida por espacio de seis meses.

No fue sino hasta el 8 de enero del 2018, cuando Martha Cubillo, Tesorera Nacional, comunicó a Marco Hernández Ávila, en condición de interventor del Bancrédito, la formalización del cobro de “inversiones” del Ministerio de Hacienda al banco, justificando que esas inversiones eran temporales.

Precisamente, la Contraloría General de la República determinó que para el primer semestre del 2018, en el Presupuesto de la República existió un faltante de contenido denominado “hueco presupuestario” por más de ₡400 mil millones, lo cual, entre otras cosas, se originó por la “imposibilidad” del Ministerio de Hacienda de recuperar los inversiones hechas en Bancrédito durante el 2017 por las sumas de ₡100 mil millones y $50 millones que habían “vencido” precisamente el 22 de diciembre cuando se acordó la intervención del banco.



MÁS INFORMACIÓN

SiteLock
Facebook