lo que dice un expresidente de Incofer


  • Reitera necesidad de un nuevo sistema férreo, pero pide propuesta más austera
  • Gobierno procura plan de $1.500 millones con múltiples dudas aún por aclarar

(CRHoy.com). Miguel Carabaguíaz Murillo dirigió el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) entre 2005 y 2014. Sus 9 años al frente de la entidad lo ponen en una posición privilegiada para analizar la propuesta del tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana (GAM) y valorar los alcances de la propuesta impulsada por el actual gobierno (Alvarado Quesada, 2018-2022).

Durante su gestión la entidad procuró levantarse tras un letargo de más de una década y encaminó la rehabilitación del servicio hacia zonas como Pavas, Belén, Alajuela o Cartago. Además, gestionó la cuestionada compra desde España de los actuales trenes tipo Apolo que posee el instituto.

En 2014, con el cambio hacia la Administración Solís Rivera (2014-2018) Carabaguíaz dejó el Incofer y el cargo lo asumió Guillermo Santana, quien en 2014 comenzó a trazar la idea de proyectar un sistema eléctrico denominado Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la GAM.

Santana dejó el instituto en 2016 y, tras un breve período al mando de Christian Vargas Calvo, la presidencia ejecutiva recayó el 5 de mayo de 2017 en manos de Elizabeth Briceño Jiménez, quien desde entonces está al frente de la entidad.

Briceño tomó la estafeta y es quien ha tenido sobre la mesa el proyecto del tren eléctrico. Desde que inició el gobierno de Carlos Alvarado, ella y Claudia Dobles, Primera Dama de la República, han sido la cara visible de la propuesta que ya comenzó a discutirse en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.

El plan del gobierno versa sobre un proyecto ambicioso estimado en $1.550 millones, de los cuales $550 millones responderán –como aporte del Estado- a un crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ante esto, Carabaguíaz no duda en la idea de respaldar un nuevo sistema de transporte férreo, pero considera que la propuesta actual dista mucho de la realidad fiscal y financiera que puede sostener el país. El planteamiento del Poder Ejecutivo radica en que el tren eléctrico sea concesionado a la empresa que proponga un menor subsidio estatal anual.

“Es importante dar un paso para atrás. Ese paso para atrás es que si yo ajusto el proyecto a uno de menos costo. No tan caro como el que estamos haciendo, muy posiblemente estaríamos hablando de un subsidio menor al que se está planteando. Me parece que hay muchas cosas que se tienen que ver y discutir técnicamente sobre la propuesta que está sobre la mesa. Yo estoy a favor del tren y que las personas se movilicen de esta forma, pero creo que el proyecto puede reducirse a menos de $1.000 millones. Con eso salvamos ese problema de la discusión del tema del subsidio. Bajando ese monto la responsabilidad en tema de subsidio sería inferior”, indicó el expresidente ejecutivo.

Según la propuesta actual, el tren eléctrico extendería por 84 kilómetros con 5 líneas sobre el derecho de vía actual de Incofer: Paraíso-Atlántico, Atlántico-Alajuela, Alántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El Coyol.

Dependiendo de la oferta de las compañías, el Estado hará un aporte anual que oscilaría entre los $50 millones y las $150 millones.

El servicio tendría una tarifa de 600 colones. La demanda estimada en el modelo es de 22.574 pasajeros en hora pico (en el año de inicio de operación), lo cual representa aproximadamente 200.00 pasajeros diarios y 50 millones de pasajeros al año. Las frecuencias de salida estimada es de cada 5 minutos en hora pico y 15 minutos en hora valle en líneas de mayor demanda.

“La propuesta actual es excesiva para efectos de la realidad del país y de las necesidades que se tienen. Con el mismo sistema, un tren a doble vía, eléctrico, con un horario suficientemente bueno para la movilización de la gente, podríamos hacerlo con menos dinero y con un resultado parecido al que ellos están hablando. El país, el gobierno y los diputados deberían sentarse a decir: queremos un tren, pero de acuerdo a las posibilidades y las realidades, lo haremos en este monto, con una tarifa accesible al usuario y un subsidio manejable para el gobierno”, dijo Carabaguíaz, quien apuntó a que Costa Rica no está en condiciones de pagar entre $50 millones y $100 millones anuales como subsidio.

Dudas legislativas

Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), quien conforma la comisión legislativa, indicó que es necesario “armonizar la parte técnica con la financiera para lograr una muy buena licitación y fiscalización”.

“Eso incluye la parte de la discusión técnica, que se estará abordando próximamente con el equipo de la Unidad Ejecutora encargada de los entregables (estudio ingeniería de valor de 2018) de la empresa IDOM. Entiendo que al Poder Ejecutivo les dé temor indicar que el subsidio pueda salir de un impuesto, pero esa discusión no podrán omitirla y a partir de ello se tome postura”, apuntó la legisladora.

Mientras, Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien también conforma la comisión, considera que la discusión debe darse en aras de la compleja realidad fiscal que enfrenta Costa Rica. “Soy consciente de que este es un proyecto importante, pero no por ser el tren tenemos que aprobar en automático, sin el estudio necesario“, puntualizó.

Según el cronograma dispuesto es que la empresa concesionaria quede seleccionada en los primeros meses de 2021. Si todo sale como está previsto, las 2 primeras líneas del tren eléctrico funcionarán en 2023. La concesión se otorgaría por un plazo de 30.5 años.

El plan se complementa con 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.





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