Migrantes guatemaltecos sufren abusos no solo de las pandillas, también de los funcionarios


Campesinos almuerzan en San Lorenzo, Chiapas, México. El pueblo ha recibido a muchos guatemaltecos que huyeron de su país hace algunos años. 20 julio 2017. ©Alex Webb / Magnum Photos para la FAO

Ciudad de Guatemala, 16 abr (elmundo.cr) – El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes declaró estar preocupado por los informes de que los guatemaltecos y sus familias están siendo víctimas de varios delitos en la ruta migratoria hacia al norte en manos de pandillas delictivas, e incluso miembros de la policía, del servicio de inmigración y otros funcionarios públicos.

Según el informe del grupo de expertos en derechos humanos presentado en Ginebra, los migrantes están siendo sometidos a secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales, violencia física y otras formas de maltrato.

Al Comité también le preocupa la falta de información por parte del Estado sobre estos incidentes, así como la ausencia de mecanismos efectivos para la denuncia, la atención de las víctimas y la asistencia para el acceso a la justicia y otras formas de reparación.

De acuerdo con los expertos, se ha recibido información con relación a extorsiones realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil en controles migratorios, así como actuaciones exacerbadas en el marco de operativos de detención de autobuses en los que se trasladan trabajadores migrantes por departamentos fronterizos como Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Petén, Chiquimula y Jutiapa.

Asimismo, el Comité aseguró que los datos personales de los trabajadores migrantes y sus familias cuando acuden a instituciones de servicios sociales son vulnerables.

Los expertos recomendaron que se tomen medidas para investigar, procesar y sancionar, de manera administrativa y penal, los actos de extorsión y otros delitos. También pidió que se establezca un sistema de protección a los datos e información personal entre las autoridades de control migratorio y servicios públicos como la policía.

La respuesta a las caravanas

En su informe el Comité toma nota del esfuerzo que realiza Guatemala para facilitar el tránsito de los migrantes en su territorio y reconoce que no hay aislamiento ni penalización para aquellos que cruzan en su ruta hacia el norte.

Sin embargo, a los expertos les preocupa la respuesta tardía de las autoridades guatemaltecas ante la primera “caravana migrante” en octubre de 2018, y la falta de una estrategia permanente para atender los flujos masivos de personas que se han presentado desde entonces hasta la fecha.

El Comité pidió a Guatemala que se asegure de que las medidas de gobernanza fronteriza aborden planes conjuntos con los países vecinos, especialmente con México para la migración segura y ordenada de las caravanas de migrantes.

Al respecto, tomó nota sobre el Memorando de cooperación establecido entre Guatemala, Estados Unidos, El Salvador y Honduras el pasado 27 de marzo y pidió al país que adopte las medidas necesarias para garantizar que cualquier acuerdo bilateral o multilateral en materia migratoria no conlleve al retorno, la expulsión o la deportación de trabajadores migrantes a sus países de origen o terceros países en donde sus derechos a la vida y la integridad se encuentren en riesgos de ser violados.

Protegiendo a los trabajadores desde el territorio

El Comité reconoció que Guatemala, como país de origen de trabajadores migrantes, ha avanzado en la protección de los derechos de sus nacionales que trabajan en el extranjero, pero observó que las condiciones de vida dentro de Guatemala son adversas para una gran parte de su población.

“Los elevados índices de pobreza, corrupción, violencia y criminalidad, la exclusión social de algunos grupos y la falta de trabajo, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, en particular en las zonas del denominado “corredor seco”, constituyen las causas estructurales que provocan la migración forzada”, se lee en el informe.

Los expertos además observaron que estos factores tienen un impacto agravado sobre los sectores más vulnerables de la población, tales como pueblos indígenas, campesinos y personas en situación de pobreza, y tomaron nota de los esfuerzos del Estado parte para revertir esta situación y garantizar el derecho a migrar o no migrar.

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