Nuevas demandas por restricción a movilidad


Tres nuevos recursos se suman a la lista de acciones legales contra decretos expedidos por el Órgano Ejecutivo y el Ministerio de Salud (Minsa) que aplican restricciones a la movilidad y limitan otras garantías constitucionales a raíz de la pandemia de la Covi-19 fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de dos amparos de garantías constitucionales y una demanda de inconstitucionalidad que buscan un pronunciamiento por parte de los magistrados de la Corte Suprema sobre la legalidad de las actuaciones del Órgano Ejecutivo.

El abogado Eric Barrios presentó dos amparos de garantías, uno contra el decreto ejecutivo 490 del pasado 17 de marzo de 2020 (firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo y la entonces titular de Salud, Rosario Turner) que declaró el toque de queda en todo el país y en el que se facultó a la policía para detener y conducir ante una juez de paz a toda aquel que lo violara.

Además, Barrios presentó otro amparo de garantías contra el decreto ejecutivo 472 del 13 de marzo de 2020, también firmado por Cortizo y Turner, a través del cual se adoptaron medidas sanitarias por la pandemia.

El primero de los amparos quedó radicado en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega, en tanto que el segundo está en manos de la magistrada Ángela Russo.

Por su parte, el abogado José Carrera también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 490 del 17 de marzo de 2020 que aplica el toque de queda en el país.

Este recurso había quedado en manos del magistrado Carlos Vásquez, pero el abogado Carrera lo retiró para corregir asuntos de forma y presentarlo nuevamente.

Estos recursos se unen a otros nueve, seis demandas de inconstitucionalidad y tres amparos de garantía interpuestos contra decretos relacionados con restricciones de garantía fundamentales impuestas a raíz de la pandemia (ver gráfica).

De ese total solo tres demandas de inconstitucionalidad han sido admitidas por el pleno de la Corte.

De estas dos ya fueron enviadas al Procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita opinión.

Ernesto Cedeño, quien presentó dos amparos de garantías contra dos resoluciones del Minsa que restringen la movilidad, aseguró que la Corte no quiere entrar en conflicto con el Ejecutivo.

Cedeño aseguró que la Corte está permitiendo que el Minsa gobierne a sus anchas, aún cuando se estén afectando garantías constitucionales.

En tanto, el abogado Eugenio Paz, quien también presentó un amparo por las restricciones a la garantía de reunión aplicadas por el Minsa, aseguró que los amparos son recursos que deben ser tramitados con celeridad ante la posible afectación de garantías fundamentales.

En este aspecto, estimó que de no ser subsanada estas situaciones se pueden producir afectaciones que luego serán muy difíciles de reparar si no hay un pronunciamiento oportuno.

Hasta ahora el único amparo de garantías resuelto por la Corte relacionada con las restricciones aplicadas por la pandemia es el que guardaba relación con la obligatoriedad de que los abogados portaran salvoconductos al momento de atender un caso por razones de su profesión.

El abogado Carlos Herrera Morán también se manifestó a favor de que la Corte resuelva estos recursos de una manera perentoria para salvaguardar la seguridad jurídica del país.

Morán recordó que cuando se acude a la Corte con un amparo es para atender una situación que está poniendo en riesgo garantías fundamentales, por lo que debe ser resuelto con prontitud, tal como exigen las normas legales vigentes.

Entre los recursos admitidos por la Corte se encuentran una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Rony Batista contra la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el estado de emergencia.

También la Corte admitió la demanda que presentó el abogado Víctor Baker contra la Resolución No. 492 del 6 de junio de 2020 del Minsa, que establece el toque de queda en Panamá y Panamá Oeste.

El toque de queda se mantiene vigente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Además de restricciones a la movilidad.



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