Reforma visionaria en beneficio de las futuras generaciones “desde el siglo XXI”


Opinión: Reforma visionaria en beneficio de las futuras generaciones “desde el siglo XXI”

El viernes 5 junio de 2020, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, firmó la reforma al artículo 50 de la Constitución Política “Ley 9849” misma que declara al agua como un bien de la nación y su acceso como un derecho humano básico, lo cual personalmente me llena de satisfacción, ver que después de tantos años los costarricenses tenemos esta garantía constitucional y especialmente para nuestras futuras generaciones.

Lo anterior debe aún recorrer un largo camino en nuestra sociedad, aprender a establecer los límites necesarios para todas las actividades existentes y futuras, saber y reconocer que primero tienen derecho al agua las personas y después el resto de las actividades (cualquier acción que esta sea).

Las Instituciones del Estado deben tener esta normativa muy clara dentro de sus competencias y procedimientos, también toda persona nacional o extranjera que desarrolle actividades privadas en el país, debe hacerlo respetando la normativa existente, misma que es un reflejo de lo decidido por los costarricenses donde se da prioridad a la vida, la equidad y el medio ambiente.

Ahora bien, es conocido el incumplimiento de las leyes por parte de funcionarios públicos, muy especialmente de las municipalidades que, debido a diferentes criterios e interpretaciones al momento de aplicar las leyes y planes reguladores desprotegen el preciado liquido, artículos como el 31 de la ley de aguas 276 de 1942 que indica;
Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación;
Las tierras que circunden los sitios de Captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio.
La zona forestal que protege o debe proteger el Conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas.

Igualmente, el artículo 33 de la Ley Forestal 7575 de 1996 determina las áreas de protección, que bordeen nacientes permanentes, ríos, quebradas, arroyos y otros cuerpos de agua.

Además de la legislación anterior, existe una ley visionaria del año 1888, ley No. 65, donde nuestros antepasados ya conocían la necesidad de proteger no sólo las nacientes de agua, sino también las zonas donde se produce y retiene el recurso hídrico liquido, declarando para ello mediante el decreto N° LXV como zona inalienable las montañas en que tienen su origen las aguas que abastecen las provincias de Heredia y de Alajuela, indicando “Art. 1°- Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, á uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional ó municipal.”

Con la modificación al artículo 50 de nuestra Constitución, lo indicado en la Ley de Aguas y en la Ley Forestal, se debe esperar un respeto mayor de las áreas protegidas indicadas en ambos cuerpos normativos y que las autoridades del sector agua realicen un análisis serio, unifiquen criterios y se pongan de acuerdo en el ámbito técnico y jurídico, garantizando la protecciones relativas a los manantiales del país, los cuales fungieron como fuente de inspiración de nuestros antepasados para establecer desde el siglo XIX dichas medidas.

De acuerdo con el informe de la ARESEP OF-0341-IA-2020 la afectación por racionamientos del servicio de agua potable a marzo de 2020 ascendió a 513.733 habitantes, de los cuales el 81,45 % son ciudadanos del Área Metropolitana, un 5,39% de Región Brunca, de la Región Pacífico Central 5,33%, Región Central Oeste un 3,93% y la Región Chorotega el 3,90%. Es evidente que hoy, a partir de la reforma, el agua en Costa Rica pertenece a los ciudadanos y el estado debe garantizar este derecho en todo sentido, pero esto será así mientras tengamos agua para todos y aseguremos la sostenibilidad del recurso.

Aun queda un gran reto, quizás el mayor de todos, que es, la estandarización de criterios por parte de todas las instituciones públicas, de acuerdo con la legislación vigente incluyendo la reforma constitucional realizada. Lo anterior permitirá la determinación técnica y científicamente correcta de las áreas o conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de agua (zonas de recarga) propiciando la sostenibilidad y protección del recurso hídrico como lo establecieron y aspiraban desde el año de 1888 nuestros legisladores, asegurando de esta manera todo el proceso de la producción del agua para nuestras futuras generaciones y nuestra existencia como sociedad, he aquí donde la ciudadanía está llamada a cumplir con sus deberes de fiscalización.

MGP. Edward Araya Rodríguez
Asesor Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

[email protected]



MÁS INFORMACIÓN

SiteLock
Facebook