“Remedio puede ser peor que la enfermedad”


Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones

(CRHoy.com) La posibilidad de realizarle cambios a la Ley que regula el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) que permitan a las personas acceder a estos recursos no deja de generar preocupación en la Superintendencia de Pensiones (Supen), en especial debido la disponibilidad de recursos por parte de las operadoras y cómo estas podrían enfrentar una eventual avalancha de pagos.

Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones llamó la atención sobre los cambios que intentan hacer en la Asamblea Legisalativa, al señalar que realizar este tipo de variaciones en tiempos de crisis no siempre es una buena idea.

“Cambiar las cosas en una crisis, el remedio puede ser peor que la enfermedad, sobre todo cuando hay un instrumento de protección social como el FCL que es un estabilizador automático”, alertó Ramos.

 

Este jueves ingresó a la corriente legislativa un proyecto de ley para facilitar la entrega del FCL a las personas que se ven afectadas por la crisis actual.

Según el Superintendente actualmente las operadoras tienen recursos “más que suficientes” para atender los desempleos entre un 15 y un 25% adicional a lo normal. “Las operadoras sí aguantan, eso no es un tema, pero obviamente hay una cantidad importante de dinero, más del 80%, que está invertido a plazos”, señaló.

Esto quiere decir que ante una eventual avalancha de solicitudes, el principal problema sería obtener liquidez suficiente para hacerles frente.

Según Ramos, los recursos existentes permiten “aguantar” al menos dos meses completos, por lo cual la gente no debería preocuparse, siempre y cuando no hayan modificaciones legales.

Pero si estas modificaciones se producen, el escenario cambia.

A nivel legislativo parte de la discusión existente es precisamente ver de dónde se pueden obtener recursos adicionales para hacerle frente a la nueva necesidad de liquidez.

Ivonne Acuña, diputada del Bloque Nueva República, indicó este jueves en el programa Enfoques que obtener esos recursos es “el meollo del asunto en donde estamos pegados”.

“Ayer llegamos a la conclusión de que es insostenible, en este momento pensar que todos los costarricenses puedan ir de forma libre a retirar su fondo de capitalización es imposible”, dijo la diputada, antes de señalar que hay cálculos para atender a unas 75 mil personas de firma inmediata.

Hasta este miércoles el gobierno reportaba la existencia de unas 94 empresas solicitando reducciones de jornadas y más de 10 mil personas cuyos contratos de trabajo habían sido suspendidos.



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