U públicas se reparten ₡16 mil millones en préstamos para edificios


  • Gastos por intereses y amortizaciones han crecido un 352% y un 936% respectivamente

 

Además de los recursos que reciben del Estado, las transferencias de distintas fuentes y los ingresos propios, al menos cuatro de las cinco universidades estatales han tenido que recurrir a préstamos en el sistema bancario nacional para poder financiar la construcción de nuevos edificios.

Estos créditos se han tramitado aún y cuando el último año los rectores de estas casas de enseñanza han defendido el mantenimiento de superávits o recursos sin ejecutar cada año, para utilizarlos en el desarrollo de obras de infraestructura.

Entre 2016 y 2018 las universidades estatales acumularon créditos por ₡16.487 millones, financiados específicamente por dos bancos: El Nacional y el Popular.

El Banco Nacional ha financiado el 13,4% del total solicitado por las universidades, dividido en tres préstamos. Uno de ellos para la Universidad de Costa Rica (UCR) por ₡1.100 millones, otro con la Universidad Nacional (UNA) por ₡1.122.300.000 y el tercero con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR-TEC) por ₡1.101.417.714.

Los recursos facilitados por Banco Popular representan por su parte el restante 86,6% del total. El primero de ellos es con el la UNA por ₡1.122.300.000, el segundo es con el TEC por por ₡10.753 millones y los restantes dos con la Universidad Técnica Nacional (UTN) por ₡600 millones y por ₡688.577.450.

 

 

Obras de infraestructura

Los créditos vigentes y tramitados por las universidades estatales en los últimos años han tenido como objetivo el desarrollo de obras de infraestructura.

En el caso de la UCR por ejemplo, los recursos con el Banco Nacional fueron para ejecutar la construcción de un nuevo edificio de ingeniería eléctrica.

La UNA por su parte desarrolla con los dos créditos vigentes su proyecto de infraestructura en la sede de Liberia.

El TEC utilizó los recursos para la construcción de edificios de investigación de biotecnología, así como el centro académico de Limón, un edificio administrativo en Cartago, un edificio de Idiomas y Ciencias Sociales y un Edificio de Cultura en San Carlos.

Por su parte la UTN requirió los recursos bancarios para construir un edificio en la Sede del Pacífico y la Torre de Laboratorios en Alajuela.

Preocupación

La preocupación que existe en la Contraloría sobre el tema de los créditos tiene que ver con el efecto que conllevará el hacerse cargo de estas obligaciones, dado que las universidades deberán asignar recursos de otras fuentes de financiamiento en el futuro para poder cumplir con los pagos correspondientes.

Así lo hizo ver el legislador Erick Rodríguez, integrante de la comisión que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Todo ello ha causado que las previsiones para pago de deudas deba aumentar cada año.

Así lo revelan cifras de la Contraloría, al indicar que solo los gastos por intereses y comisiones aumentaron un 352% entre 2013 y 2017, y los pagos por amortizaciones subieron un 936% en el mismo periodo.

Y es que a estos créditos a nivel local se suman otros con entidades financieras internacionales que afectarían a las universidades desde el punto de vista de los ingresos. Por ejemplo existe un préstamo por $200 millones repartido en partes iguales para las cuatro universidades estatales originales (se excluyó la UTN en su momento), transferidos por el Ministerio de Hacienda con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Estos recursos destinados al “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior” se suscribieron desde 2012. En un inicio tuvo problemas de ejecución que atrasaron su puesta en marcha, pero su fecha de vencimiento ahora se acerca pues a partir del 31 de diciembre próximo las casas de enseñanza dejarán de percibir recursos de este origen.

Esto implicará una reducción inmediata en sus ingresos corrientes. Para 2017, lo correspondiente a este empréstito significó un 8% de los ingresos corrientes de la UCR, TEC, UNED y UNA y aunque se dejarán de percibir ingresos por este concepto, el gobierno deberá seguirlo pagando hasta abril de 2042.

 

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